En el New York Times presentaron informes de sospechosas transacciones entre Perú y BCCI en época de Garcia.
El 01/08/91, Morgenthau reportó en un noticiario emitido en el Perú que los dos más altos funcionarios del (BCR) en el periodo 1985-1986, presidente Leonel Figueroa y su gerente H. Neyra habían recibido sobornos por un total de 3 mill de US$ en dos cuentas offshore por haber arreglado un depósito de hasta 250 mill de US$ de las reservas del BCR en la sucursal panameña del BCCI. Morgenthau reveló los nombres en clave de las ctas y sostuvo que García sabía y aprobó estas riesgosas transacciones.
Información adicional solicitada al departamento del Tesoro de E.E.U.U. dio evidencias adicionales de que varias personas del entorno de García habían declarado grandes sumas de dólares en efectivo en las aduanas de EE.UU.
En octubre de 1991, se le suspende la inmunidad a García y se le debía procesar por enriquecimiento ilícito.
El 5/04/92, el autogolpe de A.Fujimori, que contó con el respaldo de los militares, eliminó toda apelación legal de base constitucional en el caso de García
Se enviaron oficiales militares a que arrestaran al expresidente y a otros jefes políticos. García supuestamente evadió la prisión escondiéndose durante 3 días en una obra en construcción cerca de su casa. Luego, buscó asilo en la embajada colombiana un tradicional refugio aprista.
El presidente colombiano César Gaviria dispuso personalmente que un avión militar lo retirara del Perú el 06/1992 y el gobierno de Fujimori le permitió partir sin recurrir a los procedimientos de deportación.
García pasó los siguientes ocho años viviendo entre Bogotá y París, donde se arguye adquirió inmuebles de mucho valor. El caso (expediente 21-92) incorporó todas las evidencias presentadas por la Comisión Olivera.
Los fiscales ad hoc del MP y del MJ acordaron los cargos contra García: conspiración para defraudar (colusión ilegal), tráfico de influencias (negociación incompatible), recepción de sobornos (cohecho pasivo) y enriquecimiento ilícito.
Se repartió una orden judicial de los gobiernos extranjeros para que se arrestara a Alan García bajo el cargo de «reo contumaz».
Jorge Del Castillo, el abogado defensor de García y su sucesora la abogada aprista Judith de la Matta, fundaron la defensa sobre una queja presentada ante la (CIDH) de la OEA, encabezada en ese entonces por el expresidente colombiano Gaviria.
La decisión de la CIDH, emitida en 1995, fue favorable a García y recomendaba desestimar los cargos debido a las restricciones políticamente motivadas al ejercicio de los DD.HH de García.
Tras la caída de Fujimori, la sala criminal especial al contemplar la decisión de la CIDH remitida por el entonces ministro de Justicia Diego García Sayán, aprobó que se desestimaran los cargos debido a la prescripción de los delitos alegados.
Esta controvertida decisión fue infructuosamente apelada por el fiscal ad hoc Jorge Melo-Vega Layseca.
Dado que García ya no enfrentaba un juicio, le fue posible lanzar su candidatura a la presidencia en las elecciones de abril de 2001.
